Los desafíos de 2019 para el cooperativismo andaluz

Luis Miguel Jurado, presidente de FAECTA, destaca en el número de enero de Agenda de la Empresa los retos del cooperativismo andaluz para continuar ejerciendo como interlocutor social de un tejido empresarial que agrupa a cerca de 4.000 empresas y representa el 9% del PIB

11.01.2019 Categoría: Portada, FAECTA


Llegó enero de 2019 y el cooperativismo andaluz se marca nuevos retos para continuar ejerciendo como interlocutor social de un tejido empresarial que agrupa a cerca de 4.000 empresas y representa el 9% del PIB andaluz.

 

Nuestra hoja de ruta pasa por reforzar AndalucíaEScoop como máxima entidad representativa de la economía social y del cooperativismo en nuestra comunidad. Esta línea de acción supone mejorar la interlocución del sector para que las demandas y propuestas de Andalucía tengan eco en los foros de decisión de corte nacional e internacional. Allí donde se deciden los enfoques de las políticas de empleo, la sensibilidad del cooperativismo andaluz tiene que estar presente. Sin duda este posicionamiento y esta visibilidad mejorará la incidencia del este sector en el plano económico, político y social.

 

Además de crecer hacia fuera también es fundamental hacerlo a nivel interno. La potenciación de AndalucíaEScoop en este sentido supone la generación de un espacio que lleve aparejado el diseño de iniciativas basadas en la confluencia, con el fin de crear sinergias entre las organizaciones. La intercooperación es un principio esencial del cooperativismo y no podemos perder de vista que solo así es posible alcanzar los retos que nos proponemos. Las cooperativas, sea cual sea la actividad o sector económico en el que desarrollan su actividad, compartimos unos objetivos comunes que solo pueden defenderse en bloque, unidos y trabajando en equipo. Sin duda, esta es es una ventaja que tenemos que aprovechar de cara a 2019.

 

En el plano socioeconómico nos marcamos como primer propósito el reconocimiento de este modelo empresarial y su capacidad para generar empleo estable, de calidad e integrador en Andalucía. Las cooperativas, esencia y base de la economía social, son empresas garantes de los principios democráticos aplicados en el ámbito empresarial y tanto la Constitución como nuestro Estatuto recogen el apoyo de los poderes públicos a este modelo. Estas empresas son la vía de participación directa de los trabajadores en la gestión de la empresas y son la base para construir un sociedad más justa y solidaria que ofrece nuevas oportunidades a su ciudadanía. Para ello, para hacer de Andalucía una comunidad más integradora, sostenible y volcada en las personas tiene que existir una voluntad política firme que apueste por iniciativas que incidan directamente tanto en las personas que optan por el autoempleo en cooperativas como en aquellas que ya iniciaron su camino bajo este tipo de empresas. La apuesta política política del nuevo Gobierno andaluz tiene que recoger esta sensibilidad para que el crecimiento económico de nuestra región se haga acorde a criterios de igualdad y justicia, favoreciendo la redistribución equitativa de la riqueza y apoyando a empresas que, como las cooperativas, tienen como eje central de su gestión a la persona y a la comunidad en la que operan.

 

En línea con esta con estas premisas, nuestra organización va a continuar con su doble labor de apoyo al emprendimiento en colectivo, por un lado y de mejora de la competitividad y capacitación empresarial de las cooperativas, por el otro, contando con la Escuela de Economía Social. Nuestros retos son que Andalucía siga a la vanguardia tanto en número de cooperativas como en empleos y contar con empresas fuertes, innovadoras, solventes y de gran alcance para fortalecer el tejido empresarial y consolidar valores que nos alejen de la precariedad laboral.

 

En 2019 hay importantes desafíos y las cooperativas tienen respuestas eficaces y transversales para promover cambios sociales que repercutan de forma directa y positiva en la ciudadanía. Estas respuestas enlazan con las medidas que recoge el pilar europeo de derechos sociales en cuestiones como la creación de unas condiciones laborales justas o la igualdad de oportunidades y con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) al aportar un modelo de empresa transparente y participativo que promueve la responsabilidad en el plano social y económico. 

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